Comprar una casa, obtener un préstamo bancario y firmar contratos laborales con todas las prestaciones sociales son algunos de los actos jurídicos que ha hecho Álvaro Macías desde la entrada en vigor de una ley colombiana que permite que las personas con discapacidad, incluidas las que tienen síndrome de Down, ejerzan sus derechos y sean "protagonistas de sus vidas". 

La Ley 1996 busca asegurar la autonomía individual, la independencia de las personas y la libertad de tomar decisiones propias con o sin apoyos a las personas con discapacidades intelectuales. 

Antes de su sanción, "las personas con síndrome de Down, discapacidad intelectual y enfermedades mentales" eran declaradas "incapaces absolutos" de tomar decisiones como las de Macías, explica a EFE la directora ejecutiva de Asdown Colombia, Mónica Cortés. 

"Me siento orgulloso de acceder a mis derechos", declara a EFE Macías, que, con 31 años, ahorros personales y un subsidio se embarcó en la búsqueda de una vivienda en Bogotá y en los municipios de Mosquera, Madrid y Girardot, en el departamento de Cundinamarca. 

En este último compró su apartamento, lo que supuso "una victoria en su camino hacia la independencia". 

La toma de decisiones es fundamental en su vida diaria e implica acciones sencillas como elegir su ropa, decidir qué alimentos comer o ir solo a su trabajo. 

Macías, un auxiliar de oficina y almacén que trabaja en el Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social (Cadis) de Bogotá, es una de las más de 1,3 millones de personas con discapacidad identificadas por el Ministerio de Salud en el país hasta diciembre de 2020. 

Eliminar la interdicción  

El síndrome de Down, una alteración genética causada por una copia adicional del cromosoma 21, se presenta en uno de cada 800 bebés nacidos vivos en Colombia. 

"Las familias de estas personas luchan para que sus hijos desarrollen su potencial y adquieran habilidades en diversos ámbitos", señala Cortés, quien explica a EFE que hasta el 2019, cuando cumplían los 18 años, se veían obligados a declararlos interdictos, dejando en manos de terceros todas las decisiones relacionadas con su vida. 

La Ley 1996, promulgada en 2019, elimina la figura de la interdicción, que negaba el reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad ante la ley, señala Cortés, que es una de las principales promotoras de la normativa. 

Aunque la ley fue aprobada hace 4 años, los desafíos de la pandemia de la covid-19 obstaculizaron su implementación, aunque ahora ha tomado buen rumbo. 

Por su parte, la directora de programas y proyectos de la Fundación Síndrome de Down del Caribe (Fundown Caribe), Karen Orozco, destaca la importancia de la capacidad jurídica en Colombia: "Es reconocer que todos tenemos derechos, voz y merecemos las mismas oportunidades para decidir". 

Independiente y empresaria 

A sus 37 años, Silvana Escobar es una empresaria con síndrome de Down en Barranquilla, quien tras completar cursos de belleza trabajó en su primer empleo en un salón de belleza, en el que "no le pagaban lo justo" y se "aprovechaban de su condición". 

Frente a esto, decidió emprender su propio negocio de bisutería: "Salí adelante y cumplí mis sueños de trabajar", afirma Silvana, quien está convencida de que "las personas con síndrome de Down pueden avanzar y lograr sus metas y sueños". 

Desarrolló habilidades en pintura, creando piezas en cerámica, bolas de navidad, cuadros y camisetas. Luego, se aventuró a crear collares de piedras y, poco a poco, amplió su gama de productos, incluyendo manillas de cadena y aretes en croché. 

La empresaria "anhela" que su voz y sus derechos sean reconocidos plenamente: "Necesitamos que la sociedad nos permita ejercer nuestros derechos, como el del trabajo, la salud y la educación, al igual que el resto de las personas". 

Empoderarlos en la sociedad 

Silvana, al igual que Álvaro, son "Autogestores" (personas con discapacidad intelectual que defienden sus derechos) en Fundown Caribe y Asdown Colombia, respectivamente. 

"Empoderando a las personas con discapacidad sobre sus derechos" se puede garantizar el pleno ejercicio de la capacidad legal, señala Orozco, quien enfatiza en hacer vigilancia y seguimiento al cumplimiento de la ley. 

Cortés sintetiza: "Hoy todos tenemos pleno reconocimiento jurídico", y llama a una transformación cultural.  

EFE